El control de la inflacion y los pactos de concertacion social

Desde finales de la década de los setenta, cuando se dio una abrupta devaluación del peso mexicano quedó claramente establecido el agotamiento del modelo proteccionista que había venido utilizando este gobierno. Posteriormente, los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, todos pertenecientes al mismo partido político PRI, que estuvo en el poder desde 1929, dirigieron a México hacia una apertura comercial de alguna manera indiscriminada, que llevó al país a caer en varias crisis económicas, las principales presentadas en 1976, 1982 y 1994.

En 1988 asume el poder de la República en México Carlos Salinas de Gortari, cuyo gobierno abiertamente neoliberal dio especial atención a la atracción de inversión extranjera; asimismo, durante esta administración se privatizó la banca nacional, la cual había sido nacionalizada hacia apenas doce años atrás por el presidente José López Portilla. La política de este gobierno, según Medina (1996), se basó en una apertura comercial indiscriminada, una atracción de capital extranjero especulativo y sobre todo en una contención de los salarios de la población que, en quince años, habían perdido ya alrededor de 70% de su poder adquisitivo.
 
Por otra parte, el gobierno del presidente Salinas impulsó una lucha contra la inflación, la cual era un obstáculo para que la estrategia exportadora del gobierno se pudiera completar. Ya en diciembre de 1987, el gobierno había anunciado “una política de ingresos con disciplinas en el orden fiscal monetario. El objetivo explícito era reducir la inflación, mediante la eliminación de su componente inercial, sin afectar el crecimiento económico” (Millán, 1999).

Para ello, la política de control de la inflación se basó en esquemas de concertación entre los principales empresarios, sindicatos y organizaciones campesinas, con el fin de controlar las demandas salariales y las solicitudes de mayores precios de garantías de los agricultores. La estrategia de control de la inflación fue sumamente exitosa, al punto que la inflación descendió de 160 por ciento en 1987, a 7 por ciento en 1994 (Gráfico.No.1); y durante ese periodo, el producto interno bruto (PIB) mostró tasas de crecimiento positivas (Grafico No.2). Sin embargo, a pesar de que la inflación descendía, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos crecía desmedidamente. Según Del Villar (1997) “En 1994, el déficit en cuenta corriente alcanza los 28.8 mil millones de dólares, financiado en parte con flujos de capital de corto plazo”.

Este comportamiento de la balanza de pagos fue el que, al final, condujo a la crisis debido al abuso del manejo del tipo de cambio y de la política comercial para reducir la inflación. El tipo de cambio se mantuvo bajo estricto control del gobierno hasta el punto que el peso mexicano se encontraba sobrevaluado.

En cuanto a la política comercial, el gobierno neoliberal mexicano provocó una acelerada apertura al comercio internacional en detrimento de la producción nacional, tal y como lo señala Aspe (1993, citado por Millán, 1999), el arancel máximo descendió de 40 a 20 por ciento, mientras la gama de tasas por este rubro se redujo a cinco; el arancel promedio, que en 1985 era de 22.6 por ciento, para 1988 había alcanzado un porcentaje de 13.1; y la cobertura de los permisos previos pasó de 21.2 a 9.1, de 1988 a 1991.

Sin embargo, a pesar del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (ver Gráfico No.3), el nivel de las reservas internacionales de México había estado en crecimiento desde 1988. Este comportamiento, según Aspe (1993, citado por Millán, 1999), se debía a “una acelerada expansión de la inversión –financiada en forma directa con la repatriación de capitales, los flujos de inversión de compañías extranjeras y préstamos voluntarios del sector privado. Consecuentemente, a pesar de la magnitud del déficit, se acumularon reservas que en noviembre de 1991 fueron aproximadamente 16 mil millones de dólares, el nivel más alto alcanzado en México”.

Por otra parte, a partir de la renegociación de la deuda externa en 1990, hay una creciente entrada de capitales, que llegó a 33,308 millones de dólares en 1993 (4,389 millones en inversión extranjera directa, 10,717 millones en renta variable y 18,203 millones en renta fija), debido a las expectativas favorables sobre la economía. (Del Villar 1997).

Así, el saldo positivo de las reservas provenían de entradas masivas de capital, la economía mexicana empezó a depender fuertemente de los flujos de capital colocados en activos financieros, que pasaron a representar la principal inversión extranjera en el país. De acuerdo con Millán (1999), el riesgo comenzó cuando esos recursos se fueron trasladando del mercado de capitales hacia, por ejemplo, títulos de gobierno que ofrecen perfiles de vencimiento más cortos. Entonces, la estabilidad del tipo de cambio y de las condiciones macroeconómicas dependía de la permanencia de esos capitales de índole especulativa.

Ya para inicios de 1994 era claro que la economía mexicana estaba al borde de una crisis, debido a la situación de la balanza de pagos y una inestable situación política, según Oddone (2004) “la rebelión en el estado de Chiapas y los asesinatos políticos. El levantamiento zapatista sucedido el 1 de enero de 1994, fecha en la cual entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido por sus siglas en inglés NAFTA (en castellano: TLCAN). El asesinato el 23 de marzo de Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI. El vacilante comienzo de Ernesto Zedillo, y el peso de la figura de su hermano y finalmente el asesinato del ex secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, en medio de un acto partidista, conspiraron contra la estabilidad política y económica de México y disminuyeron la confianza internacional de los inversores”.

A pesar de toda esta situación, el gobierno de Salinas no tomó ninguna medida preventiva, por lo que esta política económica emprendida por el gobierno mexicano, desembocó en una nueva crisis de balanza de pagos, en una abrupta devaluación del peso y en una caída del producto interno bruto nacional. En un momento en que los mexicanos estaban confiados en que la política del presidente Salinas y de sus antecesores habían colocado a México en un puesto de preferencia a nivel latinoamericano y mundial.

Sin embargo, la situación real que se vivía era muy diferente, de acuerdo con Del Villar (1997) “para evitar un ajuste cambiario, el gobierno aumenta la emisión de títulos denominados en dólares (Tesobonos). Para finales de 1994, el 74% del total de valores gubernamentales en poder del público era en Tesobonos (en 1993 era de sólo el 4%), por lo que las internacionales reservas netas de Tesobonos eran negativas”.


Desarrollo de la Crisis

De acuerdo con Kozikowski (2000), “el déficit de la cuenta corriente, financiado con un superávit en la cuenta de capital, aumenta la deuda externa y el servicio de la misma, lo que deteriora la cuenta corriente en el futuro”. Dado que para 1994, el déficit de la cuenta corriente superaba el superávit de la cuenta de capital, se produjo una reducción en las reservas monetarias internacionales mexicanas.

En febrero de 1994, las reservas de México eran de 29,000 millones de dólares, pero para diciembre de ese mismo año se redujeron a 6,000 millones de dólares y al momento de tomarse la decisión de devaluar (20 de diciembre de 1994) ascendían a solo 3,500 millones de dólares. A esto se debe sumar el déficit en la cuenta corriente que en 1994 alcanzó, aproximadamente, 25,500 millones de dólares que equivalen al 8 % del PBI mexicano.

En diciembre de 1994 llega a la presidencia de México Ernesto Zedillo, también proveniente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encontrando una situación económica y política muy complicada, lo cual estaba generando un proceso especulativo entre los inversionistas nacionales y extranjeros que preveían que el peso se devaluaría inevitablemente. Como lo indica Kozikowski (2000) “a partir de ese año, una serie de acontecimientos de naturaleza política y criminal deterioraron la imagen del país y pusieron en dudas las perspectivas del mismo. Al actuar los factores no monetarios en contra de México, el tipo de cambio real subió, por lo menos en la percepción de los mercados… Si el tipo de cambio real sube y el tipo de cambio nominal se mantiene constante, se produce un desequilibrio. Los agentes económicos empiezan a comprar dólares porque están convencidos de que su precio subirá pronto”.

Una vez en el poder Ernesto Zedillo, y ante la situación económica del país, el gobierno mexicano decidió realizar una devaluación abrupta del peso. Zedillo decidió establecer un sistema de libre flotación del peso el cual pasó, en el término de una semana, de 3.4 pesos por dólar a 7.2 pesos por dólar o sea una devaluación del 110%. Una vez que el gobierno dejó de controlar el tipo de cambio, el peso perdió la mitad de su valor, lo cual generó dificultades para atender las deudas en dólares. Esta fuerte devaluación, más el hecho de haber anunciado a los inversionistas que la misma se iba a llevar a cabo, fue declarado por el expresidente Salinas como el “error de diciembre”, en parte como una estrategia para tratar de echarle la culpa del problema al presidente Zedillo.
Esta situación aunada a la caída de las reservas internacionales y el creciente déficit en cuenta corriente, generaron la especulación de los inversionistas y la fuga de capitales. Asimismo, se incrementaron los índices de desempleo y los niveles de ingreso de la población disminuyeron aceleradamente.

Las principales consecuencias de la crisis fueron:

El Producto Interno Bruto cayó en un 6% durante 1995.
El dólar se cotiza en mayo de 1996 en 7.5 pesos, 3 puntos más que en 1994.
Hay cerca de cinco millones de personas en desempleo abierto dentro de una Población Económicamente Activa (PEA) de 33 millones de mexicanos o sea el 15%.
El déficit comercial de México hacia el exterior había llegado de 1991 a 1994 a 50,860 millones de dólares.
La deuda externa se había elevado significativamente a la cantidad de 173,400 millones de dólares.
El salario mínimo se encuentra en un promedio de tres dólares por ocho horas de trabajo mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos cada hora de trabajo tiene un salario mínimo de cuatro dólares.

Ante esta situación, uno de los sectores más afectados fue el sector financiero, ya que después de la privatización de la banca estatal, las instituciones financieras habían otorgado indiscriminadamente créditos, especialmente para la adquisición de bienes inmuebles. Como es lógico, ante la crisis que experimentaba la económica mexicana y la abrupta devaluación de peso, muchos deudores se vieron ante la imposibilidad de hacerle frente a estas deudas, con los consiguientes problemas de morosidad para las entidades financieras. Por otra parte, con el fin de evitar más fuga de capitales, se incrementaron a tal punto las tasas de interés que la tasa pasiva pasó de 18 a 49 por ciento de 1994 a 1995. Esta situación llevó a una crisis del sistema financiero mexicano.

Después de la Crisis

La crisis se concretó en 1995 a raíz de una devaluación abrupta como medida inevitable ante la imposibilidad de mantener los niveles deseados de tipo de cambio y a una profunda caída del nivel de reservas internacionales; lo anterior, aunado a un repunte de la inflación provocado por la devaluación.

Ante esta situación, la ayuda de Estados Unidos, de los Organismos Internacionales y de otros países no se hizo esperar otorgándole a México, de acuerdo con Oddone (2004), “20.000 millones de créditos norteamericanos de urgencia del fondo de estabilidad cambiaria federal. Más de 10.000 millones del FMI, 7.800 millones del BPI, 3.000 millones del Banco Mundial y del Banco Interamericano, 1.000 millones de otros países latinoamericanos”.

Adicionalmente, el gobierno mexicano tomó importantes medidas para propiciar la salida de la crisis (Del Villar, 1997):
El Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) de enero de 1995 otorgó un aumento a los salarios mínimos de 7% e impuso un tope de 12 mil millones de pesos al crédito del Banco Central para 1995.
En marzo de 1995 se adoptó el Programa de Acción para Reforzar el AUSEE (PARAUSEE), que aumenta el IVA de 10% a 15%, reduce el gasto en 10%, reduce el límite al crédito del Banco Central a 10 mil millones de pesos para 1995, y otorga un nuevo aumento a los salarios mínimos del 12%. Sin embargo, el anuncio a finales de agosto de una cifra de crecimiento del PIB menor a la esperada y las presiones cambiarias de septiembre de 1995 hicieron necesario reforzar las medidas antes mencionadas.
En octubre de 1995 se anuncia la Alianza para la Recuperación Económica (ARE), en la que se planea un incremento gradual de las tarifas de la gasolina, de otros energéticos y de bienes públicos.
Además, se planea una reducción del gasto público y un aumento del 10% adicional para los salarios mínimos.

A partir de estás medidas el dólar se estabilizó a 6 pesos y por los siguientes dos años se mantuvo entre 7 y 7.7 pesos por dólar.

Por otra parte, como se indicó anteriormente, la crisis económica desató también una crisis financiera, provocada por la morosidad en carteras de créditos vencidos que los deudores no estuvieron en capacidad de honrar. Para recuperar el sistema financiero, el gobierno se vio en la necesidad de establecer una estrategia de apoyo al sistema bancario con medidas como:
Establecimiento de una Ventanilla de Liquidez en dólares (préstamos) como apoyo al sistema bancario.
Establecimiento del programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE) que permitía a los bancos acceder a fuentes alternas de capital en un ambiente más favorable.
Se realizan reformas legales para permitir una mayor participación extranjera en los bancos nacionales.
Se implementó un esquema de reestructuración de cartera por medio de Unidades de Inversión (UDI).
Se estableció un programa de capitalización y de compra de cartera por parte del gobierno.
Se estableció un programa de apoyo a deudores y otro para créditos corporativos.
   
Esto generó perdidas al gobierno mexicano ya que gran parte de esta deuda no pudo ser recuperada.

El impacto de la crisis en la sociedad mexicana ha sido grande a pesar de que la economía se pudo recuperar en un periodo relativamente corto, como lo señala Medina (1996) “el modelo económico mexicano ha seguido produciendo riqueza pero acumulada en unos pocos, de manera escandalosa, mientras que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores en general han tenido que reducir de manera drástica su producción y el poder adquisitivo del salario”.

En resumen, la reactivación económica de México después de la crisis de 1994 no se hizo esperar, apoyada por la ayuda internacional; sin embargo, el efecto social de la misma se prolongó por mucho más tiempo afectando a una gran parte de la población que vio, de la noche a la mañana, que sus ingresos se redujeron drásticamente y se encontró en la imposibilidad de afrontar sus compromisos financieros.

Por último, es muy importante que los gobiernos entiendan que deben tomarse acciones cuando se empiezan a detectar las primeras fallas, en el caso de México 94 las decisiones se tomaron demasiado tarde, y que debe existir independencia entre las decisiones económicas y las políticas, de manera que se evite “disfrazar” una situación económica desfavorable para no perder el apoyo político.

La protección comercial, que caracterizó el período de desarrollo "vía sustitución de importaciones", generó una producción de baja calidad, ya que el mercado estaba cautivo y las importaciones restringidas; y limitó la eficiencia económica y las innovaciones tecnológicas. Las limitaciones mencionadas se fueron eliminando con la apertura comercial, que en nuestro país inicia con el ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986; y continúa con la firma del Acuerdo de Complementación Económica México-Chile en 1992; la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLC) con Estados Unidos de América y Canadá en 1993, que entró en vigor en 1994; la firma de Acuerdos Comerciales con el Grupo de los Tres (Colombia-México-Venezuela) en 1995; la firma del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica en 1995; la firma del Tratado de Libre Comercio con Nicaragua (1988); la firma de Acuerdos Comerciales con Guatemala y Honduras; y los posibles Acuerdos o Tratados Comerciales con el MERCOSUR y la Unión Europea. Lo anterior refleja que el proceso de apertura comercial o del mercado en México es irreversible y se desprende la necesidad de prepararnos para enfrentar los nuevos retos.

El proceso de Apertura Comercial, también se ha caracterizado para la transformación de las barreras no arancelarias (cuotas, permisos, etc.) en arancelarias (tarifas y aranceles), la reducción y eliminación de los aranceles, y la clasificación y control de la prácticas desleales. Los objetivos de la apertura comercial son el mayor acceso a mercados, el control de las salvaguardas y prácticas desleales, y aprovechar las preferencias arancelarias.

La ventaja principal de la apertura comercial o de mercados es el incremento en número y amplitud de los mercados para los productos mexicanos. La integración de los mercados, que es parte de la apertura comercial, agudiza la competencia entre los productores, de aquí se desprende que los productores mexicanos deben buscar una mayor eficiencia en la producción y comercialización, lo que traería aparejado una mayor productividad y competitividad.

En nuestro país, la estrategia neoliberal se ha propuesto para elevar la eficiencia competitiva de la industria nacional e impulsar las exportaciones manufactureras. La forma de lograrlo ha sido a través de la apertura comercial, presionando así a la industria nacional a elevar su eficiencia competitiva, brindándole facilidades para importar insumos y tecnología, necesarios para la modernización productiva. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por el modelo. La precipitada apertura comercial hizo que numerosas industrias que producen sólo para el mercado interno, vieran deterioradas sus posibilidades de crecimiento y aún de sobrevivencia, al enfrentarse con mercancías importadas ante las cuales están en franca desventaja. La clave para el sector industrial bajo esta política es lograr la “competitividad” a través de la productividad y la eficiencia.

En este sentido, pareciera que el modelo neoliberal tiene un carácter excluyente respecto a la mayoría de los empresarios mexicanos, toda vez que, la apertura comercial, el desmantelamiento de los programas de fomento, el encarecimiento y escaseamiento del crédito, etc. así como el crecimiento de las carteras vencidas de la banca comercial, nos muestran la difícil situación por la que atraviesan numerosos empresarios. Bajo esta perspectiva, algunas regiones del país han podido adaptarse a los requerimientos generales del modelo, a diferencia de otras regiones como Oaxaca, que se encuentran rezagadas en su participación, siendo muy posible que este rezago se ensanche en un futuro de no mediar una eficiente política de integración. Las causas de este rezago se han buscado tanto en factores internos como externos, y el impacto que éstos han tenido en la sociedad oaxaqueña; sin embargo, además del nivel explicativo general, se requiere de un análisis específico; es decir, es necesario entender la percepción, las actitudes, comportamientos, motivaciones y valores que manifiesta el sector más dinámico de la economía - los empresarios -, en relación al modelo de desarrollo.
 
LA APERTURA COMERCIAL

De 1983 a 1989 se llevó a cabo la primera etapa de apertura comercial con los propósitos de alcanzar la estabilidad económica, elevar la eficiencia del aparato productivo, enfrentar los compromisos financieros internacionales originados en una acelerada y excesiva contratación de deuda externa, recuperar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos.

La apertura comercial como estrategia de desarrollo se inició en un entorno desfavorable de inestabilidad cambiaria y financiera, virtual suspensión de pagos al exterior y enorme déficit fiscal. Ante ello, se adoptó un programa de ajuste y se planteó la necesidad de cambiar a fondo la estrategia de desarrollo.

La apertura fue gradual y se inició con la reducción selectiva de aranceles. En 1983 se mantuvieron los permisos a la importación para todas las categorías de productos, los cuales comenzaron a eliminarse un año después; en 1985 se revisó toda la tarifa y las importaciones controladas se redujeron a 37.5% del valor total; asimismo, se amplió la sustitución de permisos de importación por aranceles; en 1986, el número de fracciones sujetas a control se redujo hasta 30.9% del valor total.

Dado el avance del programa de liberalización de México, la adhesión al GATT a mediados de los años ochenta fue un paso lógico. En un ámbito de avance en la apertura, el costo de ingresar a ese organismo fue mínimo y en cambio significaba grandes beneficios en términos de acceso a mercados, credibilidad y certidumbre en la política comercial.

De 1986 a 1989 se estableció un arancel máximo de 20% y se redujeron a cinco los niveles arancelarios. En este período se consolidó la primera etapa de apertura sin sufrir más modificaciones. Cabe recordar que en 1987 la motivación fundamental para acelerar la apertura comercial fue el combate contra la inflación.

En la primera etapa del proceso de apertura se observaron los efectos favorables de esta estrategia en la economía: la participación de las exportaciones de bienes y servicios en el PIB se elevó de 13.5% en 1982 a 18.5% en 1989. Asimismo, el comportamiento y la estructura de las exportaciones no petroleras cambió radicalmente: de 1983 a 1989 crecieron en valor a una tasa promedio anual de 19% y su participación en las exportaciones totales pasó de 22% en 1982 a 66% en 1989.

Las micro, pequeñas y medianas empresas mejoraron su desarrollo, a pesar de que enfrentaron una mayor competencia de productos del exterior. De 1983 a 1989 registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 4.3% en el número de establecimientos y de 4.5% en la de ocupación.

Por otra parte, la mejoría de la posición externa del país durante 1986 y 1987 se acompañó de un deterioro en el comportamiento de los precios. La inflación anual pasó de menos de 65% en diciembre de 1985 a 160% en diciembre de 1987. Las tasas de interés nominales aumentaron en la misma proporción para evitar que cayera la captación de ahorro. Esto agudizó las necesidades de financiamiento del sector público. La situación se agravó con los frecuentes ajustes de precios y tarifas de los bienes producidos por las empresas estatales y con el choque bursátil de octubre de 1987. En respuesta a la salida de capitales, el Banco de México retiró su apoyo al tipo de cambio en el mercado libre, lo que causó una significativa devaluación del peso.

En diciembre de 1987 el gobierno respondió con el fortalecimiento de medidas estructurales y financieras y con la creación de un instrumento que con los meses y los años probaría su eficacia en la recuperación y la estabilidad: el pacto social. Esta concertación incluyó a los principales agentes de la formación de precios: los empresarios, los trabajadores, los campesinos y el gobierno. El Pacto de Solidaridad Económica, como se llamó inicialmente, fincó su eficacia en una política de ingresos y gastos que combinó elementos ortodoxos de la política económica con la concertación social.

La apertura comercial como estrategia de desarrollo se inició en un entorno desfavorable de inestabilidad cambiaria y financiera, virtual suspensión de pagos al exterior y enorme déficit fiscal. Ante ello, se adoptó un programa de ajuste y se planteó la necesidad de cambiar a fondo la estrategia de desarrollo.

Con estas medidas la inflación anual se redujo de 160% en 1987 a 52% en 1988. En materia de finanzas públicas, se alcanzaron logros no vistos desde hacía casi 20 años y en 1989 el déficit financiero del sector público como proporción del PIB se ubicó en 5.6%. Junto con los compromisos adoptados por los firmantes del Pacto, la apertura tuvo un papel importante en el control de los precios internos, al imponer una disciplina a los oligopolios nacionales que producían bienes comerciables.

    

LOS ACUERDOS REGIONALES Y MULTINACIONALES

La experiencia de casi una década de apertura y el proceso de recomposición de la economía mundial condujeron a un ambicioso programa de negociaciones con los principales socios comerciales de México. En abril de 1990, el Senado de la República convocó a un Foro Nacional de Consulta sobre las relaciones comerciales de México con el mundo. Ahí se recomendó una estrategia de negociaciones múltiples como el mejor camino para afrontar los retos de la globalización económica. A partir de ahí se inició un intenso proceso de negociaciones, de las cuales las más relevantes fueron las relativas al TLCAN. Si bien son de sobra conocidas las razones por las que México decidió integrarse a sus vecinos de Norteamérica, cabe mencionar las siguientes: la histórica concentración del origen y destino del intercambio comercial de México y de la procedencia de la inversión extranjera, así como de las ventajas derivadas de los costos de transporte y comunicaciones.

En la actualidad México tiene signados acuerdos con Chile, Estados Unidos y Canadá, con Colombia y Venezuela (con los que conforma el Grupo de los Tres), con Costa Rica y Bolivia, así como un Acuerdo Marco Multilateral con América Central. En 1994 se concluyó el proceso de adhesión de México como miembro de pleno derecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se han estrechado relaciones con diversos países de la Cuenca del Pacífico. Cabe recordar que con anterioridad a esta etapa México pertenecía a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) desde 1960, en 1975 firmó un Acuerdo de Cooperación Comercial con la Comunidad Económica Europea y en 1990 suscribió el Acuerdo Marco de Cooperación México-Comunidad Europea.